Orizaba, Ver.- En la zona de las Altas Montañas falta un albergue donde protejan a las mujeres violentadas, aseveró María de la Cruz Jaimes García, presidenta del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli. Aseveró que, por la indiferencia de las autoridades, las mujeres viven expuestas a ser víctimas de feminicidio.
En entrevista dijo que esta problemática va en aumento y las estadísticas lo demuestran, pues los feminicidios, la desaparición forzada y la violencia contra las mujeres crece día a día. “El gobierno solo tiene políticas de simulación y de mentiras”, aseveró.
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Refirió que había un albergue estatal, -que se llevó años de construcción-, empezó a funcionar desde que estaba Yunes. Se supone, apuntó, que éste contaba con todo lo que debe tener un lugar de este tipo de lugares.
Recordó que el gobierno del estado recibió 20 millones de pesos para que ese lugar funcionara un año, pero la política que tienen ahí es la de no recibir a las mujeres; ¿entonces para qué está?, cuestionó y agregó que ese refugio parece un elefante blanco, pues no cumple con la función para la que se construyó.
“Puedo decir que hacia las mujeres hay una violencia institucional por parte del Estado, que lo que hace es agravar la situación de la violencia”.
El Colectivo Feminista Cihuatlahtolli tuvo durante 15 años un refugio de la sociedad civil, para mujeres que afrontan violencia. Ahí atendían y daban acompañamiento, no solo a quienes vivían en municipios de la región de las Altas Montañas, sino de todo el estado.
“Atendimos a mujeres de otras partes del país e incluso a mujeres migrantes de otros países, que en nuestra entidad eran violentadas por el crimen organizado, por quienes las llegaban a emplear y vivían situaciones difíciles”, dijo.
Además de los cuidados, se apoyaba con atención psicológica
Además de que les proporcionaban el acompañamiento para presentar la denuncia y la atención psicológica que necesitaban; aparte de la gestión para que sus hijos continuaran estudiando; sin embargo, la labor que ahí realizaban se detuvo pues el gobierno estatal les cerró las puertas.
“Nunca han entendido que la sociedad civil hace un trabajo que le corresponde hacer al estado. Nos empiezan a ver como enemigos, nos cerraron todas las puertas y ya no pudimos mantener el refugio porque nos quedamos también sin trabajo”, remarcó.
Y es que quienes lo atendían se desempeñaban en diferentes ámbitos de la sociedad, por ejemplo, el CDI, la Secretaría de Salud los contrataba para capacitar al personal; con el recurso que captaban de esa manera sostenían el refugio; pero mediante oficio les comunicaron que el Gobierno Federal no podía contratar ya a nadie de la sociedad civil y tuvieron que cerrarlo.
Este refugio sigue haciendo mucha falta en la región, pues el Colectivo Feminista sigue recibiendo llamadas de mujeres de municipios como La Perla, Rafael Delgado, que solicitan el apoyo. “Para mí es muy triste decirles que no puedo, no tengo recursos ni el espacio”.
La ley señala, insistió, que los tres niveles de gobierno tienen que llevar a cabo acciones para atender la violencia y ésta, –un refugio-, es una de las principales opciones que incluso la Fiscalía tiene que ofrecer.
Si la vida de las mujeres está en riesgo deben ir a un efugio, pero “¿qué les ofertan si no hay aquí en la región? y, el de Xalapa es muy exclusivo pues no recibe a cualquiera”, concluyó.