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Tras cinco meses en la congeladora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pondrá hoy sobre el mesa un paquete de impugnaciones a la reforma del año pasado al Fondo Minero, por la cual el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomó el control de recursos que antes eran para estados y municipios.
Se trata de las controversias constitucionales presentadas por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y municipios de Sonora y San Luis Potosí sobre las cuales, en diciembre pasado, el pleno de la SCJN registró un empate a cinco votos en un tema preliminar sobre procedencia para luego enviarlas a la congeladora.
Sin embargo el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena no obtuvo el respaldo de una mayoría de ministros del pleno pero sí de Juan Luis González Alcántara Carrancá y Norma Piña, quienes a la vez integran la Primera Sala.
Hoy será en la Primera Sala donde se revisen las demandas a los cambios al Fondo Minero, aplicados en la Ley de Ingresos de la Federación de 2019, cuya su vigencia culminó el 31 de diciembre, por lo que las controversias podrían sobreseerse por ser de vigencia anual.
Desde el año pasado Gutiérrez Ortiz Mena había propuesto invalidar la reforma, porque a su parecer era necesaria una consulta previa a las comunidades indígenas del norte del país que pudieron verse afectadas. También hoy, la Segunda Sala perfila dar una revés a comunidades indígenas de Puebla que impugnaron en tribunales la expedición de títulos de concesión minera debido a que no se realizó una consulta previa a los pueblos.
El ministro Javier Laynez presentará este miércoles un proyecto de sentencia en el que señala que considerar que la Ley Minera es inconstitucional por no contener el derecho a la consulta previa, sería tanto como establecer que todas las legislaciones deben contenerlo o reconocerlo.
“Si como se indicó, la Ley Minera no se vincula directamente con los derechos y prerrogativas de los pueblos indígenas, es claro que no estaba obligado a prever en el procedimiento de otorgamiento de títulos de concesiones mineras el derecho de consulta previa”, señaló Laynez Potisek.
Tras conocer el proyecto del ministro Laynez la defensa de las comunidades indígenas consideró que la industria tiene impactos directos e indirectos socioambientales donde se lleva a cabo y más cuando se trata de minería a cielo abierto.
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