La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reconoció, a través de un punto de acuerdo, la existencia de grupos criminales que operan en importantes rutas de transporte en todo el país, lo que aumenta la percepción de inseguridad y desalienta las inversiones.
La autoridad debería garantizar el derecho de libre tránsito de las personas y su seguridad en las carreteras del país, por lo que el pleno de la Comisión Permanente aprobó el punto de acuerdo para exigir a las autoridades que mejoren la calidad y el servicio de las vías federales.
La diputada proyectista, Edna Gisel Díaz Acevedo del PRD, aseguró que las obras de infraestructura carretera, ferroviaria y de transporte y comunicaciones en general son prioritarias para lograr el desarrollo económico y social del país.
La perredista calificó como preocupante que para este año los 11 mil millones de pesos que autorizó la Cámara de Diputados para bacheo, rencarpetado, barreras de protección, deshierbe, limpieza de cunetas y alcantarillado, entre otras acciones de mantenimiento, se hayan cancelado o reasignado a otros gastos y rubros del gobierno Federal.
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Recordó que por las carreteras y caminos del país se movilizan más del 96 por ciento de los pasajeros al año, mientras que en trasporte aéreo sólo el tres por ciento, y en lo que se refiere al transporte de carga, el 80.9 por ciento se moviliza por carretera.
En el documento, senadores y diputados solicitaron también a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que implemente acciones de capacitación a los elementos encargados de monitorear y resguardar la seguridad de los transportistas y particulares en carreteras y caminos federales.
Por otro lado, en otro resolutivo los legisladores pidieron a la dependencia que supervise y en su caso sancione el cobro excesivo por concepto de arrastre y salvamento de vehículos en las carreteras y caminos del país.
“A nivel nacional las tarifas cobradas por parte de los concesionarios del servicio de grúa que poseen placas de servicio público federal, son excesivas y completamente arbitrarias, lo cual pone a los usuarios en un estado de completa indefensión ante los abusos cometidos”.
Detallaron que las empresas que prestan el servicio de grúa lo hacen de una manera irregular e incluso algunas de éstas operan sin exhibir adecuadamente los permisos, sin tenerlos actualizados o bien, sin contar con ellos, lo cual les permite cobrar tarifas demasiado altas sin ser sancionados por la autoridad.
También pidieron a los titulares de la SICT, Jorge Nuño Lara, a Genaro Enrique Utrilla Gutiérrez, titular de la CAPUFE, y a David Aguilar Romero, titular de la Profeco, que fortalezcan los mecanismos de supervisión de las comisiones que se cobran por las recargas en las tarjetas TAG; así como de vigilancia de los derechos y beneficios que tienen los conductores y pasajeros por pagar un peaje en las diversas carreteras y autopistas de nuestro país.
También requirieron a CAPUFE revisar la factibilidad legal y presupuestaria para exceptuar el peaje en todas las casetas de cobro que conforman la Autopista del Sol durante el ejercicio fiscal 2024, a efecto de incentivar la recuperación económica, turística y social de Acapulco.
De igual forma exhortaron a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que en el ejercicio de sus atribuciones fortalezca los mecanismos de revisión del adecuado funcionamiento del servicio de postes y teléfonos de emergencia, así como del señalamiento vial en las carreteras del país.
Finalmente, el Congreso hizo un llamado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a que informe a esta soberanía el avance del programa presupuestario k032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras durante 2024.
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