Al anunciar que el Premio Nacional de los Derechos Humanos 2017 se le confiere a Miguel Álvarez Gándara por su trayectoria de defensa de las garantías individuales, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, señaló ante el presidente Enrique Peña Nieto “que el fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas no se logrará con una Ley de Seguridad Interior como la que se debate, ya que propicia falta de claridad, ambigüedades y la acción discrecional de las autoridades”.
Desde el salón “Adolfo López Mateos” de la residencia oficial de Los Pinos, el ombdusman dijo que se requiere una revisión de este nuevo ordenamiento bajo un esquema amplio y en coherencia con la reforma constitucional de 2011 de los derechos humanos.
Sostuvo que es deseable dar certidumbre a la sociedad y certeza a las Fuerzas Armadas en su intervención en apoyo de la seguridad de las personas a la par que sentar la base para el gradual retorno de las fuerzas armadas y su rendición de cuentas.
Afirmó: es momento de hacer leyes que sirvan a la sociedad. Repitamos la experiencia exitosa de la Ley de Desaparición Forzada que apoyó el Ejecutivo y encontró eco en el Legislativo con expertos, especialistas, académicos y autoridades en la materia.
El Ejecutivo federal en compañía del titular de Gobernación y el ombusman, entregó el Premio que consiste en Medalla, diploma y efectivo al nuevo galardonado, quien en su mensaje también se refirió a la Ley de Seguridad Interior, y dijo que “esta ley no puede prosperar”.
“Por ello, haciendo míos los planteamientos del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, de la CNDH y de los colectivos dedicados a la defensa de los derechos humanos, el Senado no debe aprobar esta ley”.
Luego pidió al gobierno federal, a las Fuerzas Armadas, a los partidos políticos y al Senado de la República que escuchen todas las voces y no se cierren.
Y advirtió que en el deplorable caso que fuera aprobada, desde ahora ánimo a la CNDH para que en concordancia con el artículo 105 constitucional ejercite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad que abre el camino para su invalidez.