El coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Gamboa Patrón, aseguró que hay confianza en que las diversas fuerzas políticas de la Cámara de Diputados tendrán la voluntad y capacidad política para discutir y, en su caso, aprobar en los próximos días la Ley de Seguridad Interior.

El senador expresó que la ley de seguridad interior es necesaria para contener y atacar a las organizaciones delincuenciales que operan en algunas regiones de México.

"Los senadores del PRI tenemos claro que esta ley es necesaria para darle seguridad a los mexicanos y regular la actuación de las Fuerzas Armadas en su labor contra la delincuencia organizada".

Explicó que no se trata sólo de crear un marco jurídico que dé certeza a soldados y marinos, sino a todos los órdenes de gobierno para hacer cumplir la ley y fortalecer el Estado de derecho, así como establecer limitaciones y obligaciones a las autoridades responsables, de acuerdo a la Constitución, “para brindar seguridad a los mexicanos”.

Gamboa Patrón insistió que no se trata sólo de garantizar en las leyes un combate a la delincuencia organizada con legalidad, transparencia y respeto a los derechos humanos, sino también establecer con claridad las competencias y la corresponsabilidad para los gobiernos federal, estatales y municipales.

Por su parte la senadora Ana Lilia Herrera, presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta afirmó que La Ley de Seguridad Interior fortalecerá el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el país en beneficio de los mexicanos.

Dijo estar convencida de que la Cámara de Diputados analizará y aprobará en los próximos días este tema, que permitirá la coordinación y cooperación entre las diversas dependencias y estados en acciones de seguridad.

A su vez, el coordinador perredista en la cámara de diputados, Francisco Martínez Neri , dice que esta ley institucionaliza un modelo de seguridad que aumenta la participación de las fuerzas armadas en labores para las que los soldados y marinos no han sido entrenados y contraviene garantías constitucionales.

"No resulta compatible con el control de convencionalidad a los derechos humanos, pues pretende legalizar la permanencia de las fuerzas armadas en labores de investigación y detención de posibles delincuentes”, afirmó el perredista.