Los peritajes realizados entorno al enfrentamiento entre marinos y delincuentes del pasado 24 y 25 de marzo, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde murieron tres integrantes de una familia, señalan que los civiles fueron alcanzados por las balas disparadas desde el helicóptero que emplearon las fuerzas navales contra el grupo delictivo.
Anselmo Apodaca Sánchez, titular de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), dio a conocer un informe preliminar sobre los hechos, donde especificó que se trato de "un solo evento en diferentes etapas".
El funcionario federal añadió que con base en los indicios de índole balístico “se determina que tienen correspondencia de ubicación en el enfrentamiento del libramiento Luis Donaldo Colosio”, donde se encontraban estáticas una camioneta tipo pick up y un vehículo de lujo con civiles armados, que “presentan diferentes trayectorias de impacto, porque los elementos de la Marina fueron apoyados por un helicóptero que hacía un viraje en la zona, que, al ser agredidos, disparan. Tenemos seguridad de que, al inicio de la agresión, la familia iba pasando de oriente a poniente hasta donde fue encontrado el vehículo” en el viajaban, “por el carril norte del libramiento y, de manera circunstancial, se encontraron en la línea de fuego del enfrentamiento”.
También señaló que encontraron más de 3 mil cartuchos y casquillos percutidos de armas de diferentes tipos, cortas, largas y de alto poder “usadas por civiles y armamento reglamentario usado por elementos de la Secretaría de Marina”.
Pese a que en un primer momento la Secretaría de Marina había dicho que los integrantes de la familia que murieron, fueron heridos por los criminales, ahora luego de contar con el avance de las investigaciones científicas realizadas por la PGR, asumió la responsabilidad por la familia afectada en los hechos.
"Por lo anterior, se llevarán a cabo todas las acciones correspondientes para proporcionar tanto la ayuda como la reparación integral a los afectados, en cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Víctimas.
"Cabe hacer mención que, tanto la información dada a conocer inmediatamente en aras de trasparentar el actuar institucional, como la postura asumida previamente, derivaron de los datos con los que se contaba al momento en el desarrollo de las investigaciones; sin pretensión alguna de ocultar ni minimizar el dolor de los civiles afectados", apuntó la Semar.