Con votación dividida, el Comité Coordinador del SistemaNacional Anticorrupción (SNA) rechazó la propuesta de exhortar alEjecutivo Federal a dar información sobre la supuestaintervención telefónica contra periodistas y activistas dederechos humanos.
En su Segunda Sesión Ordinaria, el Comité Coordinador de dichoSistema rechazó, cinco votos contra uno, la propuesta que en esesentido presentó la presidenta del Comité de ParticipaciónCiudadana, Jacquelline Peschard Mariscal.
Al exponer el tema ante los miembros del comité, PeschardMariscal explicó que conforme al Artículo 23 de la Ley Generaldel Sistema Nacional Anticorrucpión, el Comité de ParticipaciónCiudadana a su cargo, tiene la facultad de pedir este tipo deexhortos.
Explicó que de confirmarse el supuesto uso del sistema deintervenciones telefónicas con que cuenta el Estado para realizarlabores de seguridad pública, con anuencia de un juez, paraescuchar a periodistas y activistas, podría haber un ejercicioilícito del servicio público previsto en el Código PenalFederal.
En ese sentido y por tratarse de un eventual delito, ya que nohabría existido la orden judicial, el Comité Coordinador podríaexhortar al Ejecutivo federal a proporcionar información sobreeste tema.
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Sin embargo, el representante del Consejo de la JudicaturaFederal, Alfonso Pérez Daza, explicó que el planteamientojurídico del Comité de Participación Ciudadana es inexacto, puesno se cumple el supuesto establecido en el Artículo 23 de la LeyGeneral del Sistema Nacional Anticorrupción invocado.
Además, señaló que no está todavía confirmado el supuestoacto de corrupción, pues inclusive el artículo del Código Penalque se aludió, no está en el apartado referente a delitos en esamateria de ese mismo ordenamiento.
En el mismo sentido, el magistrado presidente del TribunalFederal de Justicia Administrativa, Carlos Chaurand Arzate reprobótoda forma de intervención ilegal en las comunicaciones de losciudadanos, aunque coincidió con Pérez Daza en el sentido de que“no ha lugar aprobar el exhorto”.
Dijo que, en efecto, todavía no está probado un acto grave decorrupción en este tema y por lo tanto, el Comité Coordinador delSistema Nacional Anticorrupción, no puede emitir el exhorto comosolicitaba el Comité de Participación Ciudadana.
En su oportunidad, el titular de la Auditoría Superior de laFederación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, rechazó tambiénla posibilidad del exhorto, pero aseguró que la instancia estarádispuesta a analizar el tema, si la Cámara de Diputados losolicita.
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A su vez, Francisco Javier Acuña Llamas, presidente delInstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información yProtección de Datos Personales (INAI), también se pronunció encontra de la supuesta intervención telefónica, pero coincidió enque no se puede presentar el exhorto.
Sin embargo -luego de que ya se había votado el tema- aclaróque el Instituto Nacional de Transparencia investigará el tema,por la presunta violación de los datos personales.
Posteriormente, en entrevista, Jacquelline Peschard dijo quedeberá ser la actual secretaria de la Función Pública, ArelyGómez, quien presente una postura específica sobre esteparticular, si es que el sistema de intervención se usó cuandofue procuradora General de la República.
El diario estadounidense The New York Times denunció el pasado19 de junio que defensores de los derechos humanos, activistasanticorrupción y periodistas de México son espiados por elGobierno Federal con un software israelí llamado Pegasus.
El gobierno federal ha negado la veracidad esta versión y porello la Procuraduría General de la República inició unainvestigación.
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