La coalición legislativa Va por México –conformada por PAN, PRI y PRD– finalmente anunció ayer que votará en contra de la iniciativa de reforma eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión.
En su lugar, los tres partidos políticos presentaron una contrapropuesta de reforma, conformada por 12 puntos, que formalizarán ante el Poder Legislativo una vez que voten en contra y descarten el actual dictamen oficialista que se analizará en comisiones y el Pleno de San Lázaro la próxima semana.
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Los dirigentes de los tres partidos –Marko Cortés del PAN, Alejandro Moreno del PRI y Jesús Zambrano del PRD–, junto con sus coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados y secretarias generales, anunciaron que darán continuidad a su coalición opositora e irán juntos en la discusión de la reforma eléctrica plateada por la Cuatroté.
Jesús Zambrano Grijalva, dirigente del Sol Azteca, consideró que con el anuncio de unidad “se frenan todo tipo de especulaciones, seguimos caminando juntos y hay un rechazo a la iniciativa retrógrada del Presidente”.
Agregó que “la coalición estaba en una situación de debilidad y hasta posible fractura, ahora la coalición está firme y hay oposición”.
El primer punto que plantea la contrapropuesta de la coalición es establecer el acceso a la energía eléctrica como derecho humano en el artículo cuarto de la Constitución, misma que debe ser de forma suficiente, continua, limpia, segura, sustentable y accesible, siendo el Estado el que la provea a los costos más bajos y estables posibles.
Como siguiente punto se contempla mecanismos que permitan a los ciudadanos generar su propia energía o comprarla a los precios más bajos y estables posibles. Esto es, garantizar tarifas favorables a jefas de familia y grupos vulnerables mediante la aplicación de subsidios focalizados o, donde sea posible, mediante la instalación de sistemas de generación eléctrica en pequeña escala en los hogares o en forma comunitaria, en modalidad de generación distribuida.
Tercero, la iniciativa establece que el Estado tiene la obligación de conducir el proceso de transición energética como objetivo fundamental en la lucha contra la crisis climática, pero con la participación del sector público, privado y social.
El cuarto punto sugiere crear un modelo para incentivar la migración de los contratos legados, obligando a las centrales que tengan 10 años de operación a migrar su permiso al modelo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica en un plazo no mayor a un año, en virtud de que se considera que en ese tiempo ya amortizaron su inversión.
Como quinto punto, abre la oportunidad para que negocios y empresas más pequeños puedan acceder al mercado eléctrico y sus beneficios; las compañías que cumplan con el tope de consumo podrán optar por mantenerse en el Suministro Básico o migrar al mercado eléctrico mayorista.
En sexto lugar, se otorga autonomía a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) como medida para fortalecer la regulación del mercado.
El siguiente punto plantea que el actual Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) absorba la planeación general del Sistema Eléctrico y la Transmisión y Distribución (CFE transmisión y CFE distribución) para transformarse en la Comisión Nacional de Redes Eléctricas, un organismo autónomo del Estado.
El punto octavo habla del fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la que se le otorga autonomía presupuestaria y de gestión, operando fuera del presupuesto, con órganos de gobierno corporativos, independientes y profesionales, pero conservando la rendición de cuentas como organismo público.
En noveno lugar, busca fomentar la penetración del uso de energías renovables y, como punto diez, perfeccionar el otorgamiento de permisos para dar seguridad jurídica a los proyectos.
En penúltimo lugar, propone reformular el modelo de Certificados de Energías Limpias (CEL) para alinearlo con los Certificados Internacionales de Energía Renovable (IREC). De esta forma las empresas mexicanas podrán acreditar internacionalmente su cumplimiento en materia ambiental.
Y finalmente, plantea que el litio sea propiedad del Estado, pero su aprovechamiento seguiría las reglas del petróleo, estableciendo rondas para exploración y extracción por parte de privados garantizando al Estado la propiedad y las ganancias de la actividad minera.
PRI REAFIRMA ALIANZA OPOSITORA
Morena y sus aliados tienen los diputados suficientes para dictaminar y aprobar en comisiones la iniciativa en materia eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero al ser una reforma de tipo constitucional, para que sea avalada por el Pleno del Congreso de la Unión requiere de mayoría calificada, es decir, de 334 de los 500 diputados federales, números que Morena y sus aliados no tienen.
Desde que concluyeron las elecciones federales intermedias, y se supo que el primer mandatario no contaría con la mayoría calificada en el Poder Legislativo, puso abiertamente sobre la mesa la posibilidad de que el PRI o un sector de este partido pudiera sumarse a su propuesta de reforma.
La invitación del presidente, el nombramiento de exgobernadores priistas como embajadores y cónsules, así como la ambigüedad que había entre sus integrantes cada vez que se les cuestionaba sobre la reforma hacían suponer que el partido tricolor podría no estar alineado con el PAN y el PRD o, en el mejor de los casos, se había fracturado.
Incluso el jueves pasado, el diputado priista Marco Mendoza sorpresivamente presentó una iniciativa de reforma eléctrica muy parecida a la del presidente López Obrador. A las pocas horas el legislador reculó y retiró su propuesta luego de que el PRI se desmarcara oficialmente de ese documento.
Pero ayer, horas antes de que la coalición opositora presentara su contrapropuesta, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, adelanto que su partido votaría en contra de la iniciativa presidencial.
Arropado por diputados y senadores de su partido, el líder priista mandó un mensaje al presidente diciéndole que no cuente con ellos para aprobar su reforma eléctrica que da a la CFE el monopolio de la generación de energía. “Ni como partido, ni como parte del Legislativo, ni como coalición cuenten con nosotros para violar la Constitución”.
“Con nosotros no cuenten. Ni con los ciudadanos, la clase media, especialistas, activistas ambientales, inversionistas y los millones de mexicanos que representamos”, enfatizó Moreno desde la sede nacional del PRI.
En respuesta al anuncio de la coalición Va por México, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, informó que junto a sus aliados del PT y PVEM analizarán los 12 puntos de la contrapropuesta para ver si son aceptados.
“Si apuntan en la dirección en la que nosotros estamos trabajando, serán bienvenidos”, dijo el morenista.
