Un documento publicado por el Senado de la República advierte que la concentración del poder en el titular del Ejecutivo pondría en riesgo la gobernabilidad del país, por lo que era necesario reformar el Poder Legislativo, así como fortalecer los organismos autónomos.
El texto titulado Claves para la gobernabilidad democrática después de la elección de 2024, editado en mayo pasado —un mes antes de los comicios que dieron la Presidencia de la República y la mayoría en el Congreso a Morena y partidos aliados—, desaconseja la elección de jueces, magistrados y ministros, ya que se corre el riesgo de que los partidos políticos emprendan una “colonización” del Poder Judicial.
Prologado por Ricardo Monreal, entonces presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y actual líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, el texto —escrito por nueve autores— buscaba dar pistas al nuevo gobierno y a la nueva Legislatura sobre la ruta a seguir para consolidar la democracia mexicana.
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Si bien el documento fue editado en mayo pasado, tres meses después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviara su paquete de reformas conocido como Plan C, no se publicó en el portal del Instituto Belisario Domínguez (IBD) sino hasta el 27 de septiembre, es decir, doce días después de que se promulgara la Reforma Judicial.
“El uso del voto popular ampliaría la colonización de instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por parte de los partidos, en especial del partido que resultara más favorecido por el voto”, se lee en el capítulo III del libro, titulado El horizonte del sistema de partidos en México.
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Este capítulo escrito por los politólogos Paulina Arredondo Fritz y Francisco Reveles Vázquez, ambos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, plantea que “lo que se trata de evitar en la actualidad, la partidización, se haría más profunda con las reformas, al abarcar no sólo el Poder Legislativo y el Ejecutivo, sino también el Poder Judicial y las autoridades electorales”.
También subraya la existencia cada vez más amplia del control que tienen los partidos sobre la reelección de los legisladores
Limitar a la Presidencia
Quienes lean el estudio, escribió Monreal en el prólogo, podrán conocer algunos de los desafíos más importantes que enfrentará el Senado de la República para garantizar sus funciones sustantivas, “en particular, lo tocante al control sobre los actos del Poder Ejecutivo, en aras de mantener el sistema de división de poderes”.
Antes que recomendar una reforma al Poder Judicial, el estudio avalado por el Senado de la República recomendaba una transformación del Poder Legislativo, dado que no está cumpliendo con su misión de vigilar y limitar a la Presidencia de la República.
“En el poder presidencial (2018-2024) existe un titular del Ejecutivo que busca concentrar en él todo el poder formal en detrimento de los otros poderes, órganos constitucionales autónomos, estados y municipios, y que además pretende subordinar al poder económico nacional a su visión de la realidad”, advierte en uno de los ensayos Jaime Cárdenas Gracia, exconsejero electoral y exdirector del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), creado durante el gobierno del tabasqueño.
El objetivo del Presidente consiste en sentar las bases de un modelo constitucional y político
“El objetivo del presidente de la República, dicen sus críticos, consiste en sentar las bases de un modelo constitucional y político que no es liberal, ni pluralista, sino que presenta algunos rasgos populistas, policíaco-militares, contrarios a los fundamentos de la democracia representativa, que manipula los instrumentos de la democracia participativa y comunitaria a su favor y de sus proyectos”, añade el autor.
Para evitar la concentración del poder en el Ejecutivo federal, preservar la división de Poderes y fortalecer la democracia, el académico plantea una reforma al Poder Legislativo a fin de que se transparente el presupuesto de los grupos parlamentarios, prohibir el cabildeo de intereses privados en el Congreso, eliminar el fuero de los legisladores, garantizar el pluralismo y la proporcionalidad en la integración del Congreso para evitar sobrerrepresentación, dar trato preferente a las iniciativas ciudadanas y elevar la participación ciudadana en la construcción y aprobación del presupuesto.
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Un Poder Legislativo democrático no sólo legisla, sino que controla la función del Poder Ejecutivo y de otras autoridades, apunta Cárdenas, quien enlista las deficiencias del esquema actual con que opera el Congreso mexicano.
Entre ellas cita la estructura vertical de poder en las Cámaras, en donde las decisiones no dependen del Pleno o de las comisiones de las Cámaras, sino de las Juntas de Coordinación Política y de las Mesas Directivas; la debilidad del legislador individual que no cuenta con armas jurídicas suficientes para desarrollar un trabajo libre e independiente; el control de los partidos sobre los grupos parlamentarios; el manejo discrecional, y no fiscalizado debidamente, de los recursos que corresponden a los grupos parlamentarios para cooptar, premiar o castigar a los legisladores.
