En los últimos 20 años (1996-2016), los niveles de pobreza y desigualdad se han mantenido casi constantes, de acuerdo con la confederación internacional Oxfam, a pesar de las millonarias inversiones en programas de desarrollo.
“A mitad de la década de los 90, el 50% de la población mexicana vivía en pobreza por ingreso, al día de hoy, con una inversión de un billón de pesos en programas de desarrollo social, esa cifra es casi la misma”, señaló en una entrevista para El Sol de México, Juan Diego Vázquez, gerente de Investigación de Oxfam México.
En el reciente informe “México justo: propuesta para combatir la desigualdad”, de Oxfam, se señala que la crisis de la desigualdad es mundial, donde el 27% del crecimiento económico lo posee el 1% de la población. Nuestro país se encuentra dentro del 25% de los países más desiguales, donde viven el hombre más rico de Latinoamérica y 50 millones de pobres.
Dentro de los factores que incrementan la brecha están los empleos precarios, la baja movilidad social, los deficientes servicios educativos y de salud, los bajos salarios que no cubren las necesidades mínimas de la población, un modelo económico que solo beneficia a las élites, la corrupción, así como un modelo de política social de corte asistencialista que ha fracasado a largo plazo.
De acuerdo con Vázquez, la política social se ha convertido en un “alivio a la pobreza y no propicia igualdad de oportunidades. Según el Coneval, hay en el país 6 mil 491 programas de desarrollo social, pero no todos tienen como objetivo erradicar la pobreza. Asimismo, en 2016, el 55.8% de la población no tenía acceso a la seguridad social”; además subraya el investigador de Oxfam, los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas son los más desprotegidos.
Ante ello, Oxfam propone un decálogo para combatir la brecha de desigualdad, entre los puntos está un sistema de seguridad social universal efectivo, como el IMSS, que no haga distingos y no cubra todas las enfermedades, como pasa con el Seguro Popular; incrementar los recursos públicos para las entidades más pobres del país, elevar el salario mínimo hasta la línea de bienestar seguido de aumentos graduales de acuerdo con la inflación económica en el país, entre otros.
