Un grupo de expertos de la ONU instó al Gobierno de México arealizar una investigación transparente, independiente e imparcialsobre la presunta utilización de programas informáticos espíascontra defensores de derechos humanos, activistas sociales yperiodistas.
Organizaciones civiles y prensa internacional han denunciado eluso por parte de las autoridades mexicanas de "Pegasus", unprograma que pudo haberse introducido en los teléfonos móviles depersonas involucradas en la investigación y denuncia de casos decorrupción y violaciones graves de los derechos humanos en 2015 y2016. Estas denuncias representan una seriavulneración de los derechos a la privacidad, a la libertad deopinión y expresión, y a la libertad de asociación, y dan cuentadel entorno hostil y de desprotección de los activistas sociales yperiodistas en México", afirmaron los expertos mediante uncomunicado.
La intervención informática pudo haber afectado a miembros delCentro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProdh), del organismo Mexicanos Contra la Corrupción y laImpunidad y del Instituto Mexicano para la Competitividad.
También puede haber sido afectado el Secretario Ejecutivo de laComisión Interamericana de Derechos Humanos y algunos miembros deun grupo que participa en la investigación de los 43 estudiantesdesaparecidos en Ayotzinapa, según menciona el comunicado emitidopor los relatores de Naciones Unidas.
Entre los periodistas que afirman haber sido espiados estánCarmen Aristegui y Carlos Loret de Mola.
Además, de acuerdo con la evidencia publicada, también puedehaberse dado un caso de espionaje contra el hijo, menor de edad, deuno de las periodistas afectados y contra algunos miembros departidos políticos de oposición.
"La posible implicación en la compra y el uso de 'Pegasus' delas mismas autoridades que ahora se encuentran a cargo de conducirla investigación es motivo de preocupación", indicaron losexpertos de la ONU.
Asimismo, los expertos hicieron un llamamiento a que se permitala participación de las víctimas en las investigaciones y a quese informe oportunamente a la sociedad sobre los resultados de lasmismas.
Suscribieron esta declaración los relatores sobre la situaciónde los defensores de derechos humanos, Michel Forst; sobre lalibertad de opinión y de expresión, David Kay; sobre el derecho ala privacidad, Joseph Cannataci; y la presidenta-relatora del Grupode Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, Houria Es-Slami.
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