Por la supuesta comisión de delincuencia organizada, portación de armas exclusivas del Ejército y delitos contra la salud relacionados con narcotráfico, principalmente, 500 personas de nacionalidad extranjera están privadas de su libertad en los 14 penales federales que operan en México.
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De acuerdo con información obtenida vía transparencia por El Sol de México, de estos 500 presuntos criminales, el 60 por ciento cuenta con una sentencia judicial, mientras que el resto continúa procesado aún sin conocer el tiempo que estará tras las rejas.
En febrero de 2024, Organización Editorial Mexicana (OEM) documentó la detención de 16 personas de origen extranjero en Michoacán, todas ellas vinculadas a grupos del crimen organizado.
Tras los hechos, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que las personas extranjeras fueron contratadas por cárteles para diferentes labores delictivas, como el transporte de droga, fabricación de explosivos o como asesinos a sueldo.
Hechos similares ocurrieron en Zacatecas, donde tuvo lugar un operativo encabezado por el Ejército y la Guardia Nacional para lograr la desarticulación de una célula delincuencial integrada por dos personas de Colombia y Ecuador, aliados con tres mexicanos. Estos sujetos manifestaron ser integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Javier Urbano Reyes, académico e investigador especialista en políticas migratorias de la Universidad Iberoamericana expuso en entrevista con este diario que las personas extranjeras internas en penales federales por este tipo de delitos suelen estar vinculadas a redes criminales establecidas en el país.
Es decir, a diferencia de las y los migrantes en tránsito dentro de México —que llegan a cometer delitos del fuero común como robo, dada su vulnerabilidad y necesidad de subsistir en lo que llegan a Estados Unidos—, estos extranjeros procesados por delitos de alto impacto suelen llegar al país de forma legal y forman parte de redes criminales que cooperan con grandes organizaciones delictivas mexicanas.
“Estas personas extranjeras ya vinculadas a proceso o investigadas por delitos federales no son el tipo de migrante común no regulado (...) Estos migrantes relacionados con delitos de alto impacto (como posesión de armas exclusivas o narcotráfico) colaboran en grupos muy puntuales que ya tienen redes criminales establecidas”, explicó Urbano Reyes.
“Hay grupos históricos que ya han figurado en el ámbito criminal, ellos vienen en condiciones regulares, y en México comienzan a incurrir en actividades delictivas, pero ya vienen con una red”, agregó el especialista.
Los datos obtenidos por El Sol de México refieren que las nacionalidades que más se repiten en penales federales del país son la estadounidense, colombiana, hondureña, salvadoreña, guatemalteca, venezolana, y cubana. También hay presos de Sudamérica (Chile, Ecuador, Uruguay, Perú y Paraguay); Europa (España, Gran Bretaña, Rumanía, Rusia, Armenia e Italia); Asia (China), e incluso uno de Líbano y otro de Marruecos.
No obstante, dijo el académico de la Universidad Iberoamericana, el hecho de que cierta nacionalidad se repita con más frecuencia no debe ser sinónimo de estigmatización hacia los connacionales de dicho país en territorio mexicano.
Los delitos más repetidos entre los internos federales son delincuencia organizada, portación de armas exclusivas del Ejército y delitos contra la salud relacionados con narcotráfico; además de secuestro, violación a leyes de migración, asociación delictuosa, homicidio calificado, violación, trata de personas, tráfico de indocumentados, robo, posesión de documentos apócrifos o lavado de dinero.
La información obtenida revela que el Centro Penitenciario Federal número 18 en Coahuila es el que más personas privadas de la libertad extranjeras tiene internas, seguido del Cefereso 15 en Chiapas y el Cefereso 17 en Michoacán.
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Ejemplo de la cooperación de algunos grupos de inmigrantes con el crimen organizado se dio en Guanajuato, donde el comandante de la Decimosexta Zona Militar, Enrique García Jaramillo, aseguró que exmilitares y expolicías colombianos son reclutados por grupos delincuenciales para asesinar a policías de la región. El mando militar confirmó que estas personas fueron contratadas por el Cártel Santa Rosa de Lima para fortalecerse y disputar con el CJNG el negocio de la venta de droga en la entidad.
Según Urbano Reyes, estos grupos criminales normalmente tienen antecedentes o están relacionados por delitos de mayor impacto, por lo que al momento de ser investigados las autoridades en México los vinculan con crímenes de alto rango. “Los cárteles funcionan como una empresa. Si de pronto (las redes criminales de extranjeros) negocian con el dueño de la zona (cárteles) para que los dejen pasar, y le abonan un recurso económico constante para que llenen sus arcas, evidentemente es un ganar ganar”, ejemplificó el experto.
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