En un esfuerzo por contener la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19, durante 2020 y 2021 el Gobierno mexicano afectó su financiamiento en la lucha contra otra de las crisis que enfrenta el planeta: la del cambio climático.
“La caída de ingresos y las nuevas necesidades de gasto asociado con la pandemia constituyen un riesgo para que el Gobierno federal cumpla los compromisos de la Agenda Internacional de Cambio Climático (AICC)”, indica un estudio elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y publicado en febrero pasado.
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Señala que en el contexto de la pandemia las intervenciones públicas y las áreas de atención de los programas gubernamentales estuvieron orientadas a garantizar ingresos a los sectores vulnerables de la población mediante transferencias no condicionadas.
También a apoyar a padres y madres con opciones de cuidado infantil para su reincorporación a las actividades económicas y a consolidar un sistema de protección social universal.
“En México, durante 2020 y 2021 el financiamiento climático se vio afectado porque el gasto público se priorizó para la atención de la emergencia sanitaria, por lo que, conforme avancen las medidas para disminuir los efectos de la pandemia, es necesario fortalecer los recursos fiscales del Gobierno federal a fin de cumplir con los compromisos de la AICC, debido a que la acción climática procura y salvaguarda los derechos ambientales de la población y de las futuras generaciones”, concluye el órgano fiscalizador en su estudio 1522-GB.
El documento que analiza las acciones de México ante la crisis climática destaca que requiere una inversión de ocho mil 400 millones de dólares por año (unos 168 mil 840 millones de pesos) para cumplir con las metas establecidas en la AICC. Sin embargo, el presupuesto público destinado en 2021 para combatir los efectos del calentamiento global en el país representó apenas 41.6 por ciento de los recursos anuales necesarios.
Ante este escenario ha tenido que recurrir a préstamos de organismos multilaterales y bilaterales para cumplir con la AICC –principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de Alemania, la Agencia Francesa de Desarrollo y el Banco Mundial– convirtiéndose en el segundo país receptor de financiamiento climático en América Latina, después de Brasil.
El órgano fiscalizador recuerda que el surgimiento del virus SARS-CoV-2 causante de la pandemia a finales de 2019 modificó radicalmente la estructura productiva de la mayoría de los países durante todo el año siguiente debido a la implementación de medidas de distanciamiento social y las limitaciones (o incluso cierres) de las actividades consideradas no esenciales, lo que impactó severamente en la economía.
A principios de 2021 la situación sanitaria empeoró, y en un esfuerzo por contener los contagios y muertes se intensificaron las medidas de restricción, lo que ocasionó una reducción del consumo privado e interrupciones en las cadenas de suministro, principalmente del sector automotriz.
“El comportamiento de variables como el PIB, el consumo, la inversión y el tipo de cambio repercutió en una caída de los ingresos presupuestarios y un mayor gasto neto presupuestario pagado, lo que elevó el déficit público, de 1.6 por ciento del PIB en 2019 a 2.9 por ciento en 2020, y se estima de 3.2 por ciento y 3.1 por ciento del PIB para 2021 y 2022, respectivamente”, indica el estudio de la ASF.
LA CRISIS QUE VIENE: MÁS CALOR Y MENOS LLUVIA
El documento alerta que México es un país expuesto y vulnerable al cambio climático por su ubicación geográfica, demografía, asentamientos humanos, estructura productiva e infraestructura.
Derivado de esta crisis, la temperatura media anual de México ha ido al alza desde la década de 1990. En ese periodo se reportó una temperatura promedio anual de 20.9 grados centígrados, en tanto que en la década anterior fue de 20.6 grados.
Para el periodo que va de 2001 a 2010 la temperatura fue de 21.3 grados y durante el decenio siguiente (2011-2020) ascendió a 22.2 grados. “Si se consideran las temperaturas medias anuales desde la década de 1970 a 2020, el aumento es de 1.5 grados centígrados”.
El año pasado la temperatura promedio fue de 22.8, la mayor de la que se tenga registro.
Otro de los efectos de la crisis climática se observa en la escasez de agua. La precipitación pluvial acumulada en México promedió 783 milímetros en el periodo que va de 2011 a 2020, lo que fue 4.1 por ciento inferior a los 816.8 milímetros de la década previa (2001-2010). Para 2021, la lluvia acumuló apenas 658.6 milímetros de agua.
“Estas condiciones, junto con el aumento de la temperatura, propiciaron que buena parte del territorio nacional padeciera sequías. Al 31 de diciembre de 2020, 55 por ciento del país registró sequía de moderada a excepcional, 23.4 por ciento presentó condiciones anormalmente secas y 21.6 por ciento no tuvo sequía”.
El estudio proyecta que entre 2020 y 2100 la temperatura media anual aumente entre 0.5 y 4.8 grados y las precipitaciones disminuyan hasta 15 por ciento durante el invierno y cinco por ciento en el verano, mientras que la temporada de lluvias se podría retrasar hasta el otoño.
“En la zona norte, se esperan sequías más prolongadas y destrucción de cultivos, mientras que, en el centro, habría mayor vulnerabilidad respecto de la demanda de agua, energía y alimentos”, añade el documento.
Mientras la sequía hará estragos en zonas de por sí áridas del norte y centro de México, aumentarán los eventos hidrometeorológicos extremos y la ocurrencia de inundaciones en el sur.
La ASF también alerta como consecuencia de los efectos de la crisis climática mayores afectaciones a la agricultura y la seguridad alimentaria, más incendios forestales, deforestación y hasta epidemias y pandemias.
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