La Procuraduría General de la República (PGR) señala que a tres años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, hay más de 120 personas bajo proceso judicial, de los cuales, 71 están acusadas del secuestro de los 43 jóvenes estudiantes, y si bien no se cuenta aún con sentencias, “ello se debe a que los procesados han estado agotando toda clase de recursos legales en contra de las decisiones judiciales que se van emitiendo; por lo que no es legalmente posible cerrar la instrucción de esos procesos mientras continúen ofreciendo pruebas”.
Mediante un comunicado, la PGR refiere que a tres años de los hechos, el gobierno federal ha enfocado en agotar todas las líneas de investigación, entre las que en encuentran las planteadas por los familiares de las víctimas, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Señala que se han atendido las recomendaciones del GIEI casi en su totalidad, y la investigación constituye la más amplia realizada en época alguna por la PGR, “los más de 500 tomos del expediente así lo confirman”.
Por lo que hace a las líneas de investigación, señala que se ha atendido la situación específica de elementos policiacos municipales que han pedido se proceda contra ellos, y se ha atendido al denominado quinto autobús.
También lo concerniente a la telefonía de los estudiantes desaparecidos, y los detalles sobre la operación que tuvo la noche de los hechos el C4 de Iguala.
Otro de los puntos es el esclarecimiento sobre la identidad de personajes que era imperativo aclarar (El Caminante y El Patrón) y la definición sobre la existencia o no de responsabilidades de elementos policiacos estatales y federales.
En las investigaciones, se ha solicitado asistencia jurídica internacional al Gobierno de los Estados Unidos, sobre el trasiego de drogas de Guerrero a la ciudad de Chicago, por parte del grupo delictivo Guerreros Unidos.
Refiere que en la búsqueda de los estudiantes, se emprendieron con múltiples acciones, en terreno, en instituciones y con uso de tecnología avanzada (Lidar).
“Actualmente se examinan las imágenes obtenidas en una extensión de 60 kilómetros cuadrados de un área sugerida por la representación de las víctimas, para enseguida proceder a revisar directamente los lugares considerados, por sus características, como de ubicación probable de fosas clandestinas. Este es el ejercicio con empleo de esa tecnología”.
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