La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aprobó modificaciones a su Estatuto General para crear la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género, para incorporar las modificaciones demandadas por los colectivos y grupos de mujeres que el año pasado y al inicio de este paralizaron al menos 10 sedes universitarias para denunciar la violencia de género por parte de maestros, funcionarios, trabajadores y entre los propios alumnos.
La institución creará un registro de casos de violencia de género y será público, mientras que las sanciones que se establecen van desde el extrañamiento escrito, la suspensión y la destitución, en el caso del personal académico, mientras que en el caso de los alumnos prevé desde la amonestación, negación de créditos o cancelación de los derechos concedidos respecto al pago de cuotas.
También se establece la suspensión o separación de cargos o empleos que desempeñen y la suspensión hasta por un año en sus derechos escolares y expulsión definitiva. La aprobación en el pleno ocurrió en dos sesiones del Consejo por mayoría y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta UNAM y se suma a otras reformas que se han planteado para erradicar la violencia en la institución.
Hugo Concha, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas e integrante de la Comisión de Legislación Universitaria, explicó:
"Es un órgano que, con todas sesiones de trabajo que tuvimos, efectivamente emite recomendaciones, pero lleva a cabo investigaciones, tiene tareas preventivas muy importantes, puede llevar procedimientos alternativos para solucionar los conflictos y eso es importantísimo en la naturaleza de nuestra la Universidad. Tiene además nuevas e importantísimas facultades de asistencia y asesoría en temas de violencia de género, pero en temas, en general, de violaciones a los derechos universitarios y no es poca cosa.
"Y una que pasa muy desapercibida y es importantísima entre sus nuevas atribuciones es que va a llevar un registro y dar seguimiento a todas las quejas presentadas con motivo de violación a derechos universitarios. ¿Por qué digo que es importantísimo? Porque lo vamos a hacer público, todos vamos a conocer las violaciones y las quejas que existen de los derechos universitarios, y eso de verdad, yo creo que va a cambiar mucho lo que al final del día tenemos que cambiar, que es la cultura que existe al interior de la universidad…”.
El Consejo Universitario, que sesionó por primera vez de forma virtual en medio de la epidemia de Covid-19, analizó también ajustes a los reglamentos internos y el Tribunal Universitario a fin de sancionar las agresiones a las mujeres.
Al inicio de la sesión, el rector Enrique Graue Wiechers dirigió un mensaje a la comunidad en la que afirmó “en estos momentos todavía aciagos, México debe saber y estar seguro de que cuenta con su Universidad”.
Dio a conocer que más de 50 universitarios perdieron la vida a consecuencia del Covid-19 y al igual que el pleno del máximo órgano de gobierno de la institución realizaron un reconocimiento público a los miles de trabajadores de la salud que murieron y a los que enfrentan la batalla de combatir la enfermedad en los hospitales, la mayoría de ellos profesores y alumnos de esa casa de estudios. Además, guardaron un minuto de silencio por los fallecidos por Covid-19.
Dijo que todos ellos son ejemplo para la nación y una muestra tangible de que México tiene un futuro cierto y prometedor. “Lamentablemente no contaremos con la presencia de más de 50 miembros de la comunidad universitaria que perdieron la vida víctimas de esta despiadada pandemia”, dijo.
Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y en su calidad de presidente de la Comisión de Legislación presentó las propuestas de reforma, entre ellas al artículo 98 del Estatuto en el que se adiciona la fracción III: “para los casos de violencia de género las sanciones indicadas serán aplicadas de conformidad con los principios de taxatividad y proporcionalidad en los términos establecidos en la normatividad y los lineamientos correspondientes”,
La Defensoría podrá recibir quejas del alumnado, personal académico y administrativo, por actos u omisiones que afecten los derechos que otorga la normatividad universitaria, así como por los que constituyan violencia de género.
Entre las modificaciones se incluye la creación de un Consejo Consultivo, integrado por los titulares del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, y del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. También, por una profesora emérita de la UNAM con conocimientos sobre derechos humanos o estudios de género, quien será nombrada por la Comisión del Mérito Universitario.
De igual forma, se integrará a cinco alumnas provenientes de los diferentes niveles de estudio y se procurará que estén inscritas en distintas sedes. Serán nombradas de la siguiente manera: una por la Comisión Especial de Seguridad; dos por la Comisión Especial de Equidad de Género; e igual número por la Comisión de Legislación Universitaria.
Se incorporará un docente de la Escuela Nacional Preparatoria o de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, nombrado por el Consejo Académico del Bachillerato, así como a una persona designada por el titular de la Rectoría. En la conformación del Consejo se garantizará la paridad de género.
Entre las nuevas atribuciones de la Defensoría está emitir recomendaciones sobre los asuntos de su competencia, que ayuden a detectar áreas de oportunidad para prevenir futuras afectaciones a los derechos universitarios y sucesos de violencia de género. En caso de que alguna autoridad rechace sus recomendaciones, la Defensoría dará vista a la Comisión de Honor del Consejo Universitario para que la autoridad o funcionario comparezca ante la misma y exponga los razonamientos que justifiquen su decisión.
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