La distancia se acrecentó este miércoles entre Madrid y Barcelona, con la negativa del presidente independentista catalán Carles Puigdemont de pronunciarse ante el Senado, que se dispone a intervenir de lleno el autogobierno de esta región.

"No irá ni el jueves ni el viernes" a la cámara alta, indicó a AFP una portavoz del presidente catalán, explicando que la negativa se debe a que el gobierno español está decidido de todos modos a tomar el control de Cataluña para atajar el desafío secesionista.

Puigdemont sí que comparecerá en cambio ante el Parlamento catalán en Barcelona, que este jueves abrirá un pleno a las cuatro de la tarde (14H00 GMT).

La sesión podría alargarse hasta el viernes, y en ella se plantean todos los escenarios, incluyendo la declaración unilateral de independencia con la que amenaza desde hace semanas el gobierno separatista catalán.

Carles Puigdemont había sido invitado al Senado a presentar sus argumentos contra las medidas anunciadas al amparo del artículo 155 de la Constitución española. 

Éstas incluyen el cese en bloque de su gobierno, la convocatoria de elecciones regionales en un plazo máximo de seis meses y la toma de control de la policía catalana y los medios públicos locales.

La posible comparecencia del líder independentista alumbró la esperanza de un acercamiento. Sin embargo, este miércoles, el presidente del gobierno español Mariano Rajoy aseguró ante la cámara baja que la intervención de Cataluña es "la única" respuesta posible para detener el desafío separatista.

"Me dice que las instituciones catalanas han pedido diálogo y mi respuesta ha sido el 155, y es verdad", dijo Rajoy al diputado independentista Joan Tardà, insistiendo en que esa respuesta, la intervención de la autonomía, "es la única posible".

- Un escenario imprevisible -

La aplicación del artículo 155 en cualquier caso abrirá un escenario inédito, en una región que representa el 19% del PIB español, y en la que la economía se está resintiendo de la incertidumbre política.

Desde principios de mes, unas 1.500 empresas han decidido sacar de Cataluña su domicilio fiscal, entre ellas los dos mayores bancos, CaixaBank y Sabadell, según los últimos datos del Colegio de Registradores.

Por otro lado, es de prever que haya resistencia a las directrices del gobierno central, tanto en la calle, donde los secesionistas están muy movilizados, como desde las instituciones, donde se expondría en el día a día al boicot de miles de funcionarios.

Ante este panorama de vértigo, varios miembros del gobierno catalán los que le han sugerido a Puigdemont que adelante las elecciones regionales, con la esperanza de evitar lo que desde filas independentistas se califica de "liquidación" del autogobierno, indicó a AFP una fuente del 'govern'. El presidente todavía está sopesando las opciones.

"Es consciente de las consecuencias de todo", tanto de la aplicación del artículo 155 como de una convocatoria electoral clásica, que supondría acatar el orden constitucional que Puigdemont quiere precisamente romper, dijo a la AFP esa fuente.

Hasta la fecha, Puigdemont ha estado repitiendo que se debe al "mandato" del referendo ilegal de autodeterminación del 1 de octubre.

Su gobierno asegura que el sí a la secesión triunfó con un 90% de votos y una participación del 43%, en una consulta que no fue validada por ninguna autoridad electoral independiente. 

- Presión a pie de calle -

Los sectores más recalcitrantes del independentismo se aferran a esta promesa, y no dejan de exigirle a Puigdemont que ponga sobre la mesa una declaración unilateral de independencia.

Este miércoles, diversos grupos que participaron en la "defensa" del referéndum del 1 de octubre han previsto una marcha hacia la cámara catalana, como medida de presión para exigir una declaración unilateral.

Pasadas las seis de la tarde (16H00 GMT), cientos de personas se habían congregado ya en la plaza Sant Jaume de Barcelona, frente a la presidencia del gobierno catalán.

Entre ellos abundaban los profesores, bajo la pancarta "No toquen la educación", un sector donde desde hace años se practica la llamada política de inmersión lingüística, en virtud de la cual casi todas las horas lectivas se imparten en lengua catalana.

Igualmente preparan movilizaciones las dos grandes asociaciones separatistas, la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural.

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