Cataluña quedará hoy casi totalmente paralizada por una huelga general apoyada por los movimientos soberanistas, las Pymes y los sindicatos en respuesta a la “violencia ejercida por las fuerzas de seguridad del Estado” para reprimir el referéndum sobre la independencia realizado el domingo pasado.

Solo funcionarán 25% de los servicios de transporte dependientes del gobierno autonómico.

La protesta convocada por las organizaciones independentistas no fue respaldada por las centrales Unión General de Trabajadores (socialista) y Comisiones Obreras (comunista), que no desean “apoyar posiciones que avalen una declaración unilateral de independencia".

La medida de fuerza agudizó la tensión que existe en España después que el gobierno autonómico anunció que en la consulta del domingo 92% de los electores se pronunciaron a favor de la independencia, según Jordi Turull, portavoz del “Govern”.

Durante la votación, que resultó alterada por numerosos incidentes, votaron 2.262.424 personas sobre un total 5.343.358 de inscriptos, lo que representa 42% del cuerpo electoral, precisó. La abstención alcanzó al 58% del total y, por lo tanto sería mayoritaria, según las propias cifras de la Generalitat.

La mayoría de las fuerzas políticas se rehusaron a sacar conclusiones de esas cifras, pues no tienen ninguna certeza sobre su veracidad. Por lo demás, el referéndum carecía de garantías legales, pues no se cumplieron con las normas mínimas de control del registro electoral y ni sobre el método de recuento. También hubo casos verificados de personas que sufragaron varias veces, sin control de identificación o en colegios que no le correspondían, como fue el caso del propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

"No fue un referéndum pactado, legal y con garantías", reconoció Pablo Echenique, secretario de Organización del movimiento de ultra-izquierda Podemos. Por lo tanto, a su juicio “no se pueden extraer conclusiones sobre el futuro de Cataluña”, precisó.

También la Unión Europea (UE) consideró que "bajo la Constitución española, el voto de ayer en Cataluña no era legal” y reiteró la posición tradicional de la UE: “Si se organizara un referéndum conforme a la Constitución, el territorio saliente quedaría afuera de la Unión Europea".

El controvertido resultado logrado por los partidarios de la ruptura parece haber moderado las intenciones del sector más intransigente del gobierno regional, que proyectaba proclamar la independencia 48 horas después de la elección.

En un claro esfuerzo de apaciguar las tensiones, Carles Puigdemont ofreció a Madrid reanudar el diálogo con participación de “un mediador internacional”. Si el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se niega, “el Parlamento proclamará la independencia de Cataluña”, advirtió.

El cargo de mediador no podría ser asumido "formalmente" por la Unión Europea (UE), aunque sí tendría que "apadrinar" y reconocer la mesa de diálogo. Pero hay "actores" internacionales, ya sea instituciones, gobiernos o ex mandatarios (que no identificó) "dispuestos a facilitar el diálogo”, precisó.

A pesar de haber pedido el domingo la mediación de Bruselas, ahora independentistas están insatisfechos con la prudente posición adoptada ayer por la UE y su supuesto “alineamiento” con la posición de Madrid. “Son tiempos de unidad y estabilidad, no de división y fragmentación”, afirmó la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, después de reafirmar su apoyo al "orden constitucional" en España y su confianza en el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.

La UE apeló a “pasar de la confrontación al diálogo” pues “la violencia nunca puede ser un instrumento en política", declaró el portavoz de la CE, Margaritis Schinas.

Varios líderes nacionales, como el líder socialista Pedro Sánchez, también pidieron a Rajoy que "abra una negociación inmediata" con los catalanes.

El principal dirigente del partido centrista Ciudadanos, Albert Rivera, así como Josep Piqué, ex ministro de Interior de José María Aznar, exigieron a Rajoy que aplique el artículo 155 de la Constitución para convocar elecciones antes de que Puigdemont declare la independencia en forma unilateral. "¿Cuánto más hay que esperar? ¿Qué más tiene que suceder en Cataluña?", comentó Piquet aludiendo a la proverbial indecisión del presidente del gobierno español.

Entre las diversas iniciativas adoptadas ayer, Puigdemont anunció la creación de una comisión para investigar la responsabilidad de las fuerzas del orden en los incidentes del domingo, que provocaron 431 heridos entre civiles y policías.

Además exigió al ministro de Interior que retire a todas las fuerzas del orden enviadas a Cataluña por el referéndum. En Barcelona, varios hoteles, presionados por los independentistas, decidieron expulsar a unos 500 policías y guardias civiles que se alojaban en esos establecimientos.

LA CRISIS CATALANA SOBRESALTA LOS MERCADOS

La consulta del domingo en Cataluña repercutió ayer con fuerzas en los mercados financieros y monetarios.

El mayor impacto se advirtió en la bolsa de Madrid, donde la banca perdió 4.700 millones de euros en activos, lo que parece marcar la extrema preocupación que reina entre los inversores españoles y extranjeros por la evolución de la crisis entre Madrid y Barcelona. La bolsa retrocedió 1,21% en contraste con todas las otras plazas europeas, que cerraron en verde.

Idéntica inquietud se advirtió en el mercado de deuda. El interés exigido al bono español a diez años repuntó hasta llegar a 1,7%, su mayor avance desde el 6 de septiembre, cuando el parlamento catalán aprobó la ley de referéndum.

Otro signo alarmante fue la decisión de la agencia de notación Fitch que alertó sobre el riesgo que plantea el desafío catalán. Una escalada sostenida de las tensiones con Cataluña-dice- podría interferir en forma negativa en los cálculos futuros de crecimiento”.

Fitch, de todos modos, revaluó su previsión de crecimiento para España de 2,8% a 3,1% del PIB para este año.

La preocupación también afectó el mercado de divisas. El euro comenzó el mes en baja. La moneda común europea se replegó a 1.17 dólares.