Un juez de Bruselas concedió libertad condicional al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y sus exconsejeros, con medidas cautelares que incluyen la prohibición de salir del país, el retiro del pasaporte y la obligación de estar en comunicación domiciliaria.
Los exconsejeros sujetos a estas previsiones junto con Puigdemont, que incluyen estar a disposición del juez, son Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret, quienes a primera hora de este domingo se entregaron voluntariamente a la justicia belga.
La medida fue tomada luego de cinco horas y al cabo de la presentación de los exdirigentes catalanes en una comisaría de la policía federal de Bruselas.
La justicia belga se basó en la consideración de que no existe riesgo de fuga mientras se registra una resolución de la orden de la jueza de la Audiencia Nacional de España, Carmen Lamela, de detenerlos.
Afuera de la fiscalía aguardaban este domingo periodistas y una decena de catalanes residentes en Bruselas, que corearon: "No estáis solos", al tiempo que agitaban una bandera catalana y una estelada, considerada un emblema independentista.
El expresidente y los cuatro exconsejeros eligieron el holandés frente al francés como idioma para el procedimiento de instrucción, que la justicia belga activó antes de decidir si ejecuta las órdenes europeas de detención y entrega emitidas por la Audiencia Nacional española.
Los cinco acudieron escoltados por sus abogados a la sede policial de la Rue Royal de Bruselas, después de que la Fiscalía local ordenara su detención antes de designar un juez de instrucción que les tomara declaración para decidir sobre las euroórdenes de aprehensión.
Con su comparecencia ante la policía, Puigdemont y los exconsejeros impidieron su arresto.
Puigdemont eligió al abogado Paul Bekaert como su defensor y asesor legal en Bruselas, y también atenderá el caso de los cuatro exconsejeros.
Según fuentes cercanas a Puigdemont, la entrega voluntaria "se enmarca en la voluntad de no sustraerse a la acción de la Justicia, sino simplemente defenderse en un proceso justo e imparcial".
Los exmiembros de la Generalitat están investigados por rebelión, sedición y malversación por la jueza española Lamela, acusados de impulsar y promover desde su cargo público movilizaciones y concentraciones en contra de órdenes judiciales y para impedir a los agentes policiales cumplir con sus funciones.
En consecuencia, los cinco enfrentan la acusación de alentar un movimiento de "insurrección activa" y de abonar en la sociedad la idea de la existencia de un derecho de autodeterminación para Cataluña.
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