Ciudad de Guatemala.- Estados Unidos consiguió la liberación de 135 presos políticos de Nicaragua por motivos humanitarios y facilitó su traslado a Guatemala, aunque aclaró que la medida no representa un cambio de su política hacia el gobierno de Daniel Ortega.
La anterior salida masiva de presos políticos de Nicaragua se dio en febrero de 2023, cuando 222 fueron enviados a Estados Unidos, incluidos los principales críticos del Gobierno, en lo que Washington consideró un “paso constructivo” para abordar los abusos de derechos humanos en el país centroamericano.
En una declaración conjunta, los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala detallaron que Washington facilitó “el transporte voluntario” de los 135 nicaragüenses entre las dos naciones centroamericanas y que su salida se produjo después de “meses de negociaciones” con Managua.
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En su nuevo destino se les otorgará atención médica, otros cuidados y visas regulares para poder trasladarse legalmente a EU o a otras naciones.
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, confirmó la acogida de los 135 nicaragüenses por parte de su país, a los que dio la bienvenida, y afirmó que recibirlos es una muestra de la firme convicción democrática de su país, que rechaza rotundamente las amenazas de regresión autoritaria.
“Hoy reafirmamos ese compromiso y damos de vuelta la solidaridad internacional que tantas veces hemos recibido, acogiendo a 135 hermanos nicaragüenses, presos políticos liberados”, afirmó en la red social X.
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En Guatemala podrán “solicitar vías legales para rehacer sus vidas en Estados Unidos o en otros países a través de la iniciativa de la Oficina de Movilidad Segura”, precisó la Casa Blanca.
Estas Oficinas, desplegadas en varios países latinoamericanos, son una de las “vías legales” para la migración implementadas por el presidente estadounidense Joe Biden y permiten tramitar las solicitudes de asilo.
Mas tarde, el subsecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EU, Eric Jacobstein, que participó en las negociaciones, dijo que la medida no indica un cambio en la política de Washington hacia Nicaragua.
“Ortega y (la vicepresidenta Rosario) Murillo siguen reprimiendo la democracia, no respetan los derechos humanos de los nicaragüenses y profundizan la colaboración de Nicaragua con gobiernos autoritarios como Rusia y la República Popular China”, afirmó en conferencia de prensa, sin ofrecer detalles sobre la identidad de las personas puestas en libertad.
Jacobstein indicó que “el régimen nicaragüense no obtuvo nada” a cambio de su liberación y que Washington seguirá promoviendo la rendición de cuentas por parte de Ortega y su esposa Murillo, y de “aquellos que ayudan a facilitar o sostener la corrupción del régimen y los ataques a la democracia y los derechos humanos”.
Entre los liberados figuran 13 miembros de la organización texana Mountain Gateway, laicos católicos, estudiantes y otras personas, dijo en un comunicado el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.
Según Mountain Gateway, 11 de sus pastores habían sido arrestados en diciembre de 2023 y condenados a principios de este año por cargos de lavado de dinero, que la organización denunció como infundados.
La liberación y traslado de los presos políticos se produce en medio de una creciente campaña contra asociaciones civiles por parte del gobierno de Ortega, que en los últimos días ha cancelado el registro de cerca de mil 700 organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas religiosas, a las que acusa de financiar a opositores.
En enero, Nicaragua envió al Vaticano a los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora, junto a 15 sacerdotes y dos seminaristas detenidos en cárceles del país, en medio de un creciente conflicto entre la iglesia católica y el gobierno.
Ortega, que gobernó en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, volvió al poder en 2007 y es acusado por opositores y críticos de instaurar un régimen autoritario.
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Su gobierno reprimió duramente a las voces críticas tras las protestas de 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
En 2023 excarceló, expulsó y despojó de nacionalidad y de sus bienes a 316 políticos, periodistas, intelectuales y activistas críticos, a quienes acusó de traición a la patria.
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