El jefe de gobierno español Mariano Rajoy juzgó este viernes de "absurdo" que el presidente catalán cesado Carles Puigdemont pretenda recuperar su cargo sin volver de Bélgica a España, donde podría ser encarcelado por sus causas judiciales pendientes.
"Es absurdo pretenderse presidente de una comunidad viviendo en el extranjero y mucho más absurdo todavía es pretender ejercer como presidente de una comunidad estando en el extranjero", dijo Rajoy en una rueda de prensa desde Madrid.
En las elecciones regionales del 21 de diciembre, los independentistas renovaron su mayoría absoluta en el parlamento catalán (70 escaños sobre 135) y la lista de Puigdemont, que prometió volver a ser presidente, fue la más votada de los tres partidos nacionalistas.
Pero el parlamento regional exige que el candidato a presidente defienda su proyecto en el hemiciclo con lo que Puigdemont debería volver a España, donde el Tribunal Supremo lo reclama por delitos de sedición y rebelión.
Un portavoz de su partido no descartó una investidura telemática, lo que implicaría un cambio del reglamento parlamentario, mientras sus aliados independentistas ya empiezan a barajar otras alternativas a la presidencia.
En su comparecencia, Rajoy también incrementó la presión sobre Puigdemont fijando para el 17 de enero la constitución del nuevo parlamento. A partir de entonces, los partidos disponen de diez días hábiles para proponer un candidato a presidir la región.
Sea quien sea el escogido, el líder conservador español lo instó a cumplir con la ley y abandonar la senda independentista.
"No caben más apelaciones a la ruptura o a la ilegalidad porque la ley no lo permitirá y porque tampoco pueden alegar el apoyo mayoritario de la sociedad", advirtió Rajoy, recordando que sólo el 47,5% de los electores catalanes votaron por opciones separatistas.
Con mayoría absoluta en el parlamento catalán desde septiembre de 2015, los independentistas adoptaron un plan de ruptura con el resto de España, que los llevó a celebrar un referéndum de autodeterminación prohibido, el 1 de octubre, y a declarar la secesión el 27 de ese mes.
El gobierno español respondió ese mismo día interviniendo la autonomía regional, destituyendo al ejecutivo de Puigdemont y disolviendo el parlamento para convocar las elecciones del 21 de diciembre.
Puigdemont marchó dos días después a Bélgica con parte de su gobierno, evitando la prisión preventiva por rebelión y sedición decretada contra el resto de compañeros de ejecutivo, de los que dos todavía siguen en la cárcel.
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