Miles de colombianos protestan este jueves en contra del presidente de Iván Duque, que tras quince meses en el poder afronta una diversa convocatoria contra las políticas de su gobierno en momentos en que su popularidad está en rojo.
El múltiple grupo de convocantes -sindicatos, estudiantes, indígenas, artistas, ambientalistas y partidos opositores- lidera un "paro nacional" contra las políticas económicas, sociales y de seguridad del mandatario conservador.
"Es un acumulado de situaciones que esperamos nosotros que, así sea en una gran mesa nacional de concertación, empecemos a revisar" luego de la jornada, explicó Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo, una de las organizadoras.
Hasta la media mañana la policía daba un parte de "normalidad", aunque reportaron algunos enfrentamientos "aislados" entre encapuchados y la policía en la capital y Cali (oeste). Y también bloqueos en los sistemas de transporte masivo y vías arteriales de algunas urbes.
En Bogotá, Bucaramanga (noreste) y Medellín (noroeste), donde se evidenciaban multitudinarias manifestaciones, se observaba una fuerte e inusual reducción del flujo vehicular y peatonal. Buena parte de empresas, universidades y colegios cancelaron previamente sus actividades.
"Cese" violencia
El líder indígena Luis Fernando Arias caminaba con decenas de comuneros llegados a Bogotá. Transitaban por la carrera Séptima, por donde marcharán hasta la Plaza de Bolívar, punto de llegada de la protesta.
"Esperamos que la violencia en nuestros territorios cese", dijo. "Que se implemente la paz y que no nos sigan matando".
Por la misma vía la universitaria Valentina Gaitán, de 21 años, cargaba una pancarta para invitar a la movilización: "Que el privilegio no te quite la empatía". Alrededor suyo estudiantes cantaban.
"Hay mucho miedo de salir a las calles, pero sin embargo salimos porque mucho de ese miedo se difundió por parte del Estado con la represión simbólica, la militarización, el cierre de fronteras", afirmó.
Duque, que afronta un paulatino descontento social, reconoció el miércoles la legitimidad de algunos reclamos, aunque aseguró que hay una campaña basada en "mentiras" que busca desatar la violencia.
"Al tiempo que reconocemos el valor de la protesta pacífica, también garantizaremos el orden", afirmó.
Colombia cerró fronteras hasta el viernes para garantizar "la seguridad" y expulsó al menos 24 venezolanos señalados de querer infiltrar la marcha.
En Bogotá se desplegaron desde el fin de semana soldados para proteger "instalaciones estratégicas", según la alcaldía. Y la policía capturó el martes a dos personas señaladas de violencia en otras movilizaciones y se allanaron una treintena de residencias, medios de comunicación alternativos y centros culturales.
Algunos allanamientos fueron "declarados ilegales" por falta de "pruebas", reconoció el fiscal Fabio Espitia.
Otras ciudades siguieron la estela de lo que los marchantes consideran una "militarización" de Bogotá, que provocó la "preocupación" de la ONU en caso de que se reemplace a la policía en el control de "disturbios internos".
"Descontento" regional
Para el analista Jason Marczak, las marchas contra Duque, quien desde que asumió el poder en agosto de 2018 ha afrontado varias movilizaciones, es una "demostración considerable de descontento en la región".
"Los reclamos no resueltos y la profunda polarización sirven de escenario para esta manifestación masiva", opinó el experto del centro de estudios Atlantic Council, con sede en Washington.
Las centrales obreras convocaron a la protesta social el mes pasado, y desde entonces se les sumaron diversos sectores que medirán el pulso de Duque, incapaz de consolidar mayorías en el Congreso y con reveses de su partido, Centro Democrático, en las elecciones locales de octubre.
El movimiento obrero rechaza supuestas reformas para flexibilizar el mercado laboral y cambiar el sistema de pensiones, los indígenas exigen protección luego del asesinato de 134 comuneros desde que asumió Duque, y los estudiantes, más recursos para la educación pública.
Todos cuestionan las políticas económicas del gobierno, su política de seguridad enfocada en el combate del narcotráfico, el asesinato de decenas de líderes sociales y su intento de modificar el pacto de paz que desarmó a la exguerrilla FARC en 2016.
En una Colombia que prevé un crecimiento económico por encima del promedio regional, pero con altos índices de desigualdad y desempleo, el "paro nacional" ha generado especial expectación por la convulsión social que, sin denominador común, ha sacudido a Ecuador, Chile y Bolivia.
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