/ jueves 25 de abril de 2019

Se blindan jueces en Guanajuato tras homicidio

Asigna el Supremo Tribunal de Justicia un vehículo especial para el traslado de los magistrados

GUANAJUATO.- La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Claudia Barrera Rangel, reveló que se destinó una camioneta blindada que apoyará en el traslado de los jueces que tengan en su cargo asuntos delicados.

Lo anterior derivado de lo ocurrido en Celaya, cuando un grupo delictivo ingresó a la comandancia Norte para llevarse al reo Armando Soto alias El Triste, y en su paso el grupo criminal asesinó al juez calificador Francisco González Ramírez.

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Luego de lamentar lo sucedido el pasado jueves, la magistrada aseguró que se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y salvaguardar la integridad tanto de los jueces penales, magistrados, así como personal de la función jurisdiccional y administrativa.

En ese sentido, subrayó que Pablo Sánchez Urbina, encargado de la seguridad institucional, cuenta con los protocolos necesarios para el resguardo de los jueces, sin ahondar en los detalles, Barrera Rangel afirmó que la seguridad está garantizada.

Explicó que la camioneta blindada estaba asignada al área de presidencia, sin embargo, ahora fue asignada al traslado de los jueces con el propósito, dijo, que se sientan seguros en la labor que tienen encomendada.

Precisó que, si bien la unidad ya estaba a disposición de los jueces antes de lo ocurrido en Celaya, es tras lo suscitado en aquella parte de la entidad que las estrategias en materia de seguridad se han robustecido.

“Es una sola camioneta blindada y administrativamente tenemos definidas las actividades de nuestros jueces, para tratar de proteger a funcionarios que tengan que enfrentar una causa con mayor impacto social que otros”, agregó.

Mientras tanto, sostuvo que el personal actuarial también se reforzará su vigilancia a fin de evitar sean víctimas de la delincuencia. Ejemplificó que en algunos de los puntos se les ha recomendado que el personal porte el logotipo actuarial a fin de evitar que sean confundidos.

“Hemos implementado mayores estrategias para el resguardo de nuestros funcionarios (…) sino traen el logotipo pueden confundirnos con gente que hagan una investigación y que no les agrada, y en otras zonas nos dicen lo contrario y atendemos sus recomendaciones de la gente experta. Las cuestiones tan detalladas no es conveniente exponerlas ampliamente”, concluyó.

Fue el pasado 17 de abril que el Grupo Táctico Operativo (GTO) de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en Jerécuaro, detuvo a dos hombres con 70 dosis de diversas drogas.

Uno de los detenidos, Armando Soto González, de 53 años alias El Triste, es presunto jefe de una célula delictiva, objetivo prioritario y generador de violencia en el estado de Guanajuato.

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Sin embargo un día después, alrededor de 20 sujetos armados, y todos vestidos como elementos de seguridad, ingresaron a la comandancia Norte para llevarse a El Triste, y ahí dispararon en contra del juez calificador Francisco González.

Ante este hecho se inició una persecución por parte de los elementos de la Policía Municipal, que llegó hasta la carretera Celaya-Comonfort, y fue en la comunidad de La Concepción donde hubo un enfrentamiento con civiles que viajaban en una camioneta RAM. De este hecho, un elemento de Sedena resultó herido y dos personas más fallecieron en la parte trasera de la camioneta, uno de ellos El Triste.

GUANAJUATO.- La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Claudia Barrera Rangel, reveló que se destinó una camioneta blindada que apoyará en el traslado de los jueces que tengan en su cargo asuntos delicados.

Lo anterior derivado de lo ocurrido en Celaya, cuando un grupo delictivo ingresó a la comandancia Norte para llevarse al reo Armando Soto alias El Triste, y en su paso el grupo criminal asesinó al juez calificador Francisco González Ramírez.

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Luego de lamentar lo sucedido el pasado jueves, la magistrada aseguró que se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y salvaguardar la integridad tanto de los jueces penales, magistrados, así como personal de la función jurisdiccional y administrativa.

En ese sentido, subrayó que Pablo Sánchez Urbina, encargado de la seguridad institucional, cuenta con los protocolos necesarios para el resguardo de los jueces, sin ahondar en los detalles, Barrera Rangel afirmó que la seguridad está garantizada.

Explicó que la camioneta blindada estaba asignada al área de presidencia, sin embargo, ahora fue asignada al traslado de los jueces con el propósito, dijo, que se sientan seguros en la labor que tienen encomendada.

Precisó que, si bien la unidad ya estaba a disposición de los jueces antes de lo ocurrido en Celaya, es tras lo suscitado en aquella parte de la entidad que las estrategias en materia de seguridad se han robustecido.

“Es una sola camioneta blindada y administrativamente tenemos definidas las actividades de nuestros jueces, para tratar de proteger a funcionarios que tengan que enfrentar una causa con mayor impacto social que otros”, agregó.

Mientras tanto, sostuvo que el personal actuarial también se reforzará su vigilancia a fin de evitar sean víctimas de la delincuencia. Ejemplificó que en algunos de los puntos se les ha recomendado que el personal porte el logotipo actuarial a fin de evitar que sean confundidos.

“Hemos implementado mayores estrategias para el resguardo de nuestros funcionarios (…) sino traen el logotipo pueden confundirnos con gente que hagan una investigación y que no les agrada, y en otras zonas nos dicen lo contrario y atendemos sus recomendaciones de la gente experta. Las cuestiones tan detalladas no es conveniente exponerlas ampliamente”, concluyó.

Fue el pasado 17 de abril que el Grupo Táctico Operativo (GTO) de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en Jerécuaro, detuvo a dos hombres con 70 dosis de diversas drogas.

Uno de los detenidos, Armando Soto González, de 53 años alias El Triste, es presunto jefe de una célula delictiva, objetivo prioritario y generador de violencia en el estado de Guanajuato.

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